En plantón madres comunitarias del Icbf reclaman mejores condiciones laborales y garantía de su derechos

Decenas de mujeres, madres comunitarias, se dieron cita ayer frente al palacio municipal para unirse a la protesta nacional con la que quiere exigir que el presidente cumpla el fallo que emitió la Corte Constitucional el pasado 30 de agosto, en el cual ordena la Estado el pago retroactivo correspondiente al salario y pensión por su labor realizada antes de 2014, reconociendo así que anteriormente el ICBF debía pagarles el respectivo salario mínimo legal y las prestaciones de ley, que por más de 25 años no les fueron reconocidas. De acuerdo con la representante de Asociación Porvenir de San Gil, Alexa Estévez Suárez, con el plantón realizado se quería apoyar a la comisión del Sindicato de Madres Comunitarias que están en Bogotá para negociar con el Ejecutivo la ejecución de la orden de la corte. Es importante destacar que a la manifestación en el municipio se hicieron presentes asociaciones de este gremio como Perla del Fonce, Porvenir y La Industrial, asimismo participaron madres de Curití, Valle de San José, Barichara, Pinchote y Charalá, entre otras poblaciones de la provincia.

Lo que aún están reclamando y que lo indica el fallo es el ajuste salarial entre el año 1987, cuando se empezó a implementar el programa de madres comunitarias, y el 31 de diciembre de 2013, pues durante este tiempo ellas no ganaban un sueldo sino una bonificación que aumentaba años tras año y que en realidad no era lo que se merecían en pago, así lo afirmó una de las asistentes, Hilda Durán Durán, quien agregó que está en desacuerdo en que el presidente de la República, Juan Manuel Santos, no acepte la sentencia y se niegue a darle cumplimiento. Para ella es un avance que desde hace dos años se les pague el salario mínimo y todas las prestaciones, sin embargo, dijo que siempre han estado solas y que todo lo que han logrado es gracias a las acciones populares que han interpuesto y al trabajo del sindicato.

La vicepresidente del Sindicato de Madres Comunitarias de San Gil, expresó que la exigencia es justa argumentado que lo único que están pidiendo es el reconocimiento de sus derechos y de las garantías que tienen como personas vinculadas a una actividad laboral, como la igualdad y el trato digno. El fallo de la Corte Constitucional lo considera justo ya que por años muchas mujeres se han desempeñado en este oficio sin contar con las condiciones mínimas legales que valoraran lo que hacían, y muchas de ellas se retiraron sin una pensión o beneficio económico.