Ciudadanos proponen que se revise Plan de Manejo y Protección del Centro Histórico de Gil

Un grupo de ciudadanos del municipio de San Gil, analizando el Plan de Manejo y Protección del Centro Histórico local, hallaron varias inconsistencias frente a la formulación y aplicación del mismo porque, al parecer, al momento de su planteamiento hubo una interpretación errónea del artículo 11 de la ley 397 de 1997, modificado por el artículo 7 de la ley 1185 de 2008, tal como lo aseguró Salvador Reyes Ortiz, uno de los sangileños que estuvo revisando el documento. Según sus palabras, uno de los vicios se refiere a que nunca fueron convocados los 294 propietarios de inmuebles que fueron declarados como bien de interés cultural, que se identifican en el actual plan de protección para que ellos hicieran sus aportes y lo aprobaran como lo señala la norma, pues allí sólo se registran algunas firmas de personas por lista de asistencia y no por aprobación. Esta sería una de las razones por las cuales estos ciudadanos proponen a la Administración Municipal hacer una revisión y posterior corrección del Pemp, donde se tengan en cuenta las directrices que señalan la ley y la constitución, pues de no hacerse, el municipio perdería autonomía administrativa, económica y cultural dentro de Centro Histórico, y para que ello no suceda habrá plazo hasta el día 13 de octubre, fecha en la que se cumple el plazo para hacer modificaciones y hacer entrega de las llaves del Centro Histórico, hoy Monumento Nacional, al Ministerio de Cultura.
El ciudadano Reyes Ortiz precisó que esta propuesta de revisión se hace también porque la ley estable la determinación de un solo nivel de intervención en el Centro Histórico, que para el caso de San Gil debería ser el de conservación integral, sin embargo, en la formulación del actual Plan Especial de Manejo y Protección de la Perla del Fonce se aplicaron los 3 niveles de intervención que dicta la ley 397 de 1997, es decir, que se incluyeron los otros 2, siendo éstos el de conservación tipo arquitectónico y conservación contextual. Con esto, los ciudadanos, que proponen la revisión, recalcan que no buscan la nulidad del Pemp sino un direccionamiento del mismo que vaya conforme a lo que determina la normatividad existente.