Expendedores de cárnicos de plaza de mercado están molestos porque no le han permitido la reapertura de la planta de sacrifico

Molestos están los expendedores de carne de la plaza de mercado del municipio debido a que, según ellos, no les han cumplido los pactos hechos por la CAS y la alcaldía. De acuerdo con la vocera de este gremio, Priscila Silva, ellos ya realizaron las adecuaciones y mejoras que sugirieron la autoridad ambiental y el Invima para permitir la reapertura temporal de la planta de sacrificio animal de San Gil. Pero el fallo a una tutela interpuesta por un ciudadano ante el Tribunal Administrativo de Santander,  donde no se permite actividad alguna en el ese lugar, parece ser el nuevo impedimento para que se abra de nuevo el matadero, situación que los preocupa ya que tienen algunas deudas y entre todos le deben al administrador de la planta una suma de 200 millones de pesos. Han esperado hablar con la administración municipal la cual no se ha pronunciado al respecto.

Haz el Cambio Noticias habló con la directora de la CAS, Flor María Rangel Guerrero, y ella fue enfática en asegurar que no es cierto que los expendedores de carne le hayan dado cumplimiento a lo que estableció el Tribunal Administrativo de Santander, que fue lo que se acordó en la reunión de hace dos meses, donde la corporación se comprometió a revisar la normatividad para verificar que se podría usar una planta de tratamiento de aguas residuales portátil, pero los vendedores la instalaron y ahora están solicitando el permiso para hacer el vertimiento de los residuos, asunto que no es posible debido a que nunca lo han tenido y al fallo del tribunal que no permite el funcionamiento del lugar en un área residencial.

La secretaria de agricultura, María Consuelo Velásquez Villar, señaló el proceso que ha llevado a cabo la administración municipal con respecto a este tema que ha causado tantas molestias a la comunidad y a los expendedores. Lo primero que se hizo fue la presentación a las CAS de un plan de contingencia para que permitiera operar la planta. Habiendo estado la planta portátil, se solicitó al Invima la visita para que verificaran y levantaran la medida. Efectivamente la entidad de vigilancia hizo la revisión y posteriormente participó en una reunión con la corporación, donde se determinó que no puede haber funcionamiento del matadero porque así lo ordena el Tribunal Administrativo de Santander, hasta tanto no se reubique.