Inspección de Policía de San Gil, publicó decreto que prohíbe a las trabajadoras sexuales vivir en lugares diferentes a los de su trabajo.

Jorge Andrés Porras Herrera, funcionario de la inspección de Policía de San Gil, publicó  un decreto que exige que las casas que son utilizadas para el negocio del lenocinio, están en la obligación de brindar albergue a todas las trabajadoras sexuales que laboran en estos lugares, ya que con este documento quedó rotundamente prohibido que estas personas vivan en otros lugares diferentes a su sitio de trabajo, ya que debido a las múltiples denuncias que se han presentado en la oficina de inspección de policía y la personería del municipio, que hablan sobre los diferentes problemas que sociales que realizan estas mujeres en lugares residenciales, donde son evidentes el consumo de drogas, de alcohol y por consiguiente la entrada y salida continua de hombres del apartamento o casa donde viven.

Igualmente el Inspector de Policía, Juan Pablo Reyes Avendaño, hizo un llamado a los sangileños que arriendan casas, apartamentos o habitaciones, para que estén muy pendientes al momento de realizar este tipo de contrato y lo hagan con un documento escrito y firmado por las personas que van a ocupar el inmueble, debido a que ya se han presentado varios problemas debido a la mala contratación, pues muchos se confían de solo la palabra, lo cual hoy en día no es válido ante cualquier instancia legal. Por consiguiente el funcionario aseguró que sin este contrato físico, las probabilidades de sufrir una estafa son innumerables.

De esta manera los funcionarios aseguraron que con este decreto se podrá tener un mayor control de las personas que realizan las actividades de lenocinio en San Gil,  ya que con esta medida se podrá controlar y evitar que se aumenten los casos de enfermedades de transmisión sexual, por el descontrol de esta labor. Por otro lado también recalcaron que los establecimientos que prestan estos servicios y no cumplan con la norma, serán sancionados económicamente con una multa que supera los 3 salarios mínimos legales o en el peor de los casos se expondrían a que el negocio sea cerrado y sellado.