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Proceso policivo interpuesto por ciudadano del barrio San Martín culminó en acuerdo comunitario

Escrito por el 15 marzo, 2018

En las instalaciones del Centro de Convivencia de San Gil se cumplió la segunda parte de la audiencia de conciliación dentro del proceso policivo interpuesto por un ciudadano, habitante del barrio San Martín, por las afectaciones que estaba causando a su inmueble una humedad producida por las aguas lluvias y aguas residuales, según lo comentó el inspector de policía local, Juan Pablo Reyes Avendaño. De acuerdo con el funcionario, luego de haber recibido la denuncia, realizar las respectivas visitas, por parte de la Inspección, Acuasan y Planeación Municipal, para verificar la situación expuesta y llevar a cabo una primera audiencia de conciliación, este miércoles, 14 de marzo, las partes acordaron solucionar el problema, donde la empresa de servicios públicos de San Gil aportará una tubería y los residentes afectados, en total 22 familias de las calles 14 y 14A del mencionado sector, reunirán un total de 11 millones para ejecutar las obras.  El inspector aclaró que asistieron un total de 16 representantes de los predios afectados.

En la reunión también estuvo presente el jefe jurídico de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de San Gil, Carlos Ferney López, quien manifestó que la entidad hacía parte en este proceso debido a que las afectaciones que se han presentado son por la presencia de las aguas lluvias y residuales, razón por la cual Acuasan pondrá los metros lineales necesarios de tubería PVC de 8 pulgadas, mientras la comunidad dispondrá de la mano de obra. El abogado resaltó que esta es la primera vez que la comunidad se une para buscar alternativas y presentar una propuesta a la empresa que permita subsanar los daños causados en sus inmuebles.

 Una de las ciudadanas afectadas, Aurora Cruz Acevedo, señaló que espera que esta vez lo propuesto no se quede en palabras, sino que sea una realidad, ello en razón a que su vivienda es la que más daños ha tenido porque ha pasado varios derechos de petición y no ha recibido ninguna atención ni solución. Asimismo, indicó que la cifra que debe aportar cada una de las 22 familias mencionadas, se aproxima a los 600 mil pesos.