Sangileños rechazan proyecto de ampliación del centro carcelario local

Residentes de los sectores aleñados a la cárcel de San Gil, como los barrios Santander y San Martín, están en total desacuerdo con que en San Gil se adelanten las obras con la que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario pretende llevar a cabo la construcción de un sector de mediana seguridad que aumentaría el cupo de interno de 261 a 996, según las cifras suministradas por las autoridades locales, algo que califican como grave y preocupante porque esto podría poner en jaque la seguridad de la ciudad, comentó el presidente de Asojunta, Libardo Silva Ortiz. Asimismo, el presidente de la junta de acción comunal del barrio Santander, Domingo Mayorga Prada, expresó su descontento porque el Inpec busca realizar estos trabajos sin haber socializado el proyecto con la comunidad que se encuentra sorprendida porque la licitación, que se encuentra publicada en el portal Web del instituto, sería entregada el próximo 19 de octubre y podría afectar a los barrios, locales comerciales e instituciones educativas de los barrios colindantes.

De acuerdo con la licitación publicada en la página del Inpec, el objetivo de ésta es “Contratar la construcción de un sector de mediana seguridad y obras conexas en el establecimiento penitenciarios del orden nacional, de mediana seguridad EPMS San Gil, mediante el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, de acuerdo con los estudios, diseños, planos y especificaciones suministrados por la Uspec”, con un presupuesto oficial estimado en 68 mil millones de pesos. Ante esta la falta de socialización y luego de una evaluación, la agremiación de comerciantes, Fenalco Sur de Santander, se unió también a la voz de protesta y, en consecuencia, presentará una acción popular, posiblemente ante el Tribunal Superior de San Gil, donde enunciará algunas circunstancias que hacen que este proyecto sea dañino para la capital Turística de Santander. El presidente de la junta directiva de la entidad, Edgar Orlando Lesmes Rodríguez, señaló que el proyecto iría en contra del desarrollo local.

Por su parte, el primer mandatario de San Gil, Ariel Fernando Rojas Rodríguez, afirmó que la Administración Municipal tampoco fue tenida en cuenta por el Inpec respecto a esta construcción y, al igual que los ciudadanos, cree que representa un serio problema en el ámbito social, económico y turístico. Debido a que no está de acuerdo con que las obras se realicen, estará enviando algunos oficios al instituto penitenciario donde le expone a las directivas las razones por las cuales podría causarse un daño a lo sangileños de llegar a ejecutarse las obras mencionadas, documentos que irán con argumentos jurídicos sólidos, comentó el alcalde. Por último, le solicitó a la comunidad unión y trabajo en equipo para no permitir que “San Gil siga cargando responsabilidades que no le corresponden”.