San Gil enfrenta pago millonario por demanda judicial

El municipio de San Gil atraviesa una situación financiera crítica tras un fallo del Tribunal Administrativo de Santander. Esta decisión ratificó la condena al pago de aproximadamente 562 millones de pesos a la Asociación Asovibrisas. El caso se originó en 2016, cuando se determinó que el municipio autorizó la captación de dineros para un proyecto de vivienda sin garantizar su correcta ejecución.

Diana Patricia Rojas Porras, secretaria jurídica y de contratación del municipio, explicó que la sentencia de primera instancia, emitida en 2022, fue apelada por la administración local. Sin embargo, el tribunal confirmó la responsabilidad del municipio en el caso. Según el fallo, la indemnización debe ser entregada a la asociación demandante y no a título individual.

No obstante, el municipio enfrenta dificultades para efectuar el pago debido a la limitación de recursos. Esto podría llevar a la negociación de pagos en cuotas. Además, la indexación de la suma original podría elevar el monto total por encima de los 1.000 millones de pesos. Por ello, la administración evalúa opciones de financiamiento para cumplir con la obligación sin afectar gravemente el presupuesto municipal.

El secretario de Hacienda, Germán Yesid Anaya, indicó que el municipio debe apropiar cerca de 1.400 millones de pesos para atender esta y otras obligaciones judiciales. Estos recursos provienen del impuesto predial y de industria y comercio. Como resultado, la capacidad de inversión del municipio se verá afectada de manera significativa. “Estamos en una situación histórica. Nunca se había enfrentado un pago superior a los 1.000 millones de pesos por una demanda”, afirmó el funcionario.

Dado este panorama, el presupuesto destinado a infraestructura y proyectos comunitarios podría reducirse considerablemente. En respuesta, la administración municipal analiza la posibilidad de iniciar un proceso de repetición para determinar responsabilidades en administraciones anteriores. De este modo, se buscaría recuperar parte de los recursos comprometidos en el fallo.

Actualmente, el municipio enfrenta 232 procesos judiciales activos. Por lo tanto, la administración debe gestionar de manera rigurosa los asuntos legales para evitar futuras afectaciones al presupuesto. En consecuencia, enfatizan la importancia de una planeación financiera cuidadosa. Esto permitirá garantizar la estabilidad económica del municipio en los próximos años y mitigar posibles impactos negativos.

Escrito por: Daniel Díaz Ardila