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La Alcaldía de San Gil tendrá 40 días para presentar un plan de intervención que incluya cronograma de obras y fuentes de financiación.
La decisión busca avanzar en la recuperación de un espacio fundamental para la economía popular, el abastecimiento y la vida comunitaria de la provincia Guanentina.
La plaza de mercado de San Gil vuelve a estar en el centro de la discusión pública. El Tribunal Administrativo de Santander confirmó, en segunda instancia, la orden que obliga a la Administración Municipal a formular un plan de recuperación integral de esta infraestructura, cuyo deterioro representa riesgos para comerciantes, trabajadores y visitantes. La decisión, adoptada el 11 de noviembre de 2026, establece un plazo de 40 días para presentar una propuesta que detalle las intervenciones necesarias, el cronograma de ejecución y las fuentes de financiación.
El fallo ratifica una decisión del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de San Gil, que encontró vulnerados derechos colectivos relacionados con el espacio público, la protección del patrimonio, la seguridad y la prevención de desastres. Entre las afectaciones identificadas en la infraestructura se encuentran fisuras, humedades y desprendimientos de materiales en sus dos pabellones. Además, el Tribunal señaló que las reparaciones realizadas anteriormente fueron provisionales y no sustituyen la restauración integral que requiere este Bien de Interés Cultural, de acuerdo con las disposiciones patrimoniales y el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP).

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La recuperación de la plaza también representa un desafío financiero. En 2025 se contemplaron $500 millones de recursos municipales para su intervención, pero las obras previstas no llegaron a ejecutarse durante esa vigencia. Por otra parte, en marzo de 2026, Prosperidad Social anunció una inversión de $4.343 millones para mejorar la infraestructura de este centro de abastecimiento, cuya ejecución estaría a cargo de Enterritorio. Sin embargo, la materialización de estos recursos continúa pendiente. Mientras tanto, Comsercoop, cooperativa que administra el establecimiento, realizó trabajos puntuales por $35 millones con recursos provenientes de los arrendatarios.
Más allá de la recuperación física del inmueble, el cumplimiento de esta orden judicial es importante para quienes dependen de la plaza como espacio de trabajo y sustento, así como para las familias que encuentran allí productos agrícolas, alimentos y otros bienes de primera necesidad. El reto para las autoridades será traducir los anuncios y compromisos en una intervención concreta, con financiación definida, que garantice condiciones dignas y seguras para comerciantes, productores y usuarios, y permita preservar este patrimonio de San Gil.
Elaborado con información de: Vanguardia, Tribunal administrativo de Santander, El Frente, El Regional.




